SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

Una iniciativa de Nuestro Tiempo

La debilidad e ineficacia de nuestros mecanismos de investigación y persecución del delito, así como del sistema de justicia en general para combatir la corrupción es evidente. Pese a los múltiples indicios y denuncias, la impunidad es el único resultado de todos los esfuerzos que las organizaciones sociales y la población han obtenido al combatir este flagelo.

Como Nuestro Tiempo, vemos fundamental dar respuesta a las exigencias de justicia de los y las salvadoreñas encaminadas a orientar la creación de una unidad especializada al interior de la Fiscalía y la selección de sus fiscales anticorrupción, la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones encargadas de combatirla y el fortalecimiento de capacidades de las mismas. Todo esto a través de mayores niveles de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas, y observado y monitoreado por la sociedad civil organizada.

Nuestro país ha adquirido diversos compromisos internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1996 y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, entre otros, que generan obligaciones en materia de lucha contra la corrupción. Esto se ha traducido en instrumentos nacionales y una serie de propuestas de articulación de instituciones públicas alrededor de principios de transparencia, rendición de cuentas y auditoría ciudadana, pero no ha resultado en mecanismos concretos y eficientes.

El Salvador se ubicó recientemente en el puesto 113 de 180 en el Informe de Percepción de Corrupción 2019 de Transparencia Internacional (TI), un retroceso de 8 posiciones respecto a 2018. A lo largo del 2020, la transparencia perdió y la corrupción ganó: en apenas 6 meses, fueron revelados más de 30 casos de irregularidades e indicios de corrupción de parte de funcionarios públicos, sobre todo en procesos de compra de insumos médicos para el combate a la pandemia del COVID-19.

Durante este tiempo, las instituciones que tienen un rol en el combate a la corrupción han sufrido duros golpes: se aprobaron reformas al Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública para reducir la autonomía administrativa del Instituto (IAIP) y hubo evidentes intentos del Ejecutivo de manipular los nombramientos de Comisionados para proteger sus intereses. Además, la propuesta de Presupuesto General del Estado prevé recortes presupuestarios de USD 65,000 al IAIP y a la Corte de Cuentas de USD 600,000 para 2021.

Ha sido comprobado que los países con menor corrupción tienen mayor grado de desarrollo humano. La corrupción nos afecta a todos, pues implica una violación a nuestros derechos fundamentales y resulta en servicios públicos deficientes e insuficientes. Esto tiene consecuencias significativas también para el desarrollo económico: la corrupción es el segundo obstáculo, después de la delincuencia, para hacer negocios en el país, lo que afecta directamente la inversión nacional y extranjera, traduciéndose en menos oportunidades de empleo.

El Salvador se ubicó recientemente en el puesto 113 de 180 en el Informe de Percepción de Corrupción 2019 de Transparencia Internacional (TI). Erradicar la corrupción requiere de voluntad política y compromiso de todos los sectores, no solo para prevenir y atacarla, sino también para enjuiciar a los implicados. La impunidad es uno de los mayores incentivos para que corruptos y corruptores perpetúen este tipo de prácticas. Por esto, como Nuestro Tiempo, proponemos una serie de respuestas que deben ser consideradas para dar pasos más decididos en nuestro camino hacia un Estado más transparente, más eficiente y con mejores servicios para todos:

1. La creación de una unidad especializada al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), su financiamiento y la selección de sus fiscales anticorrupción:

En septiembre de 2016, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la creación de una unidad especializada contra la corrupción y la impunidad. El Grupo Especial contra la Corrupción y la Impunidad (GECI) nació con el objetivo de investigar casos de alta connotación política, enfocado en la persecución de delitos específicamente relacionados a los esquemas de corrupción e impunidad que rutinariamente se desarrollan en El Salvador. A partir de su creación en 2016, el GECI ha presentado casos contra ex funcionarios públicos por delitos como lavado de dinero, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y peculado, entre otros.

En septiembre de 2018, dos años después de haber sido creado, el GECI logró lo que muchos consideran el logro más importante en la historia de la lucha contra la corrupción en El Salvador: una condena de diez años de cárcel para el ex Presidente Elias Antonio Saca (2004-2009) por los delitos de lavado de dinero y peculado. Sin embargo, luego de esta importante contribución a la lucha contra la corrupción, el Grupo se ha vuelto prácticamente inoperante. Desde que la pandemia de COVID-19 llegó a El Salvador en marzo del presente año, se han hecho públicas denuncias por al menos 30 casos de corrupción provenientes del Gobierno, la Asamblea Legislativa y algunas municipalidades. La Fiscalía no ha sido capaz de judicializar ninguno de los casos de corrupción que han sido denunciados públicamente en este contexto. Esta realidad prueba que, para funcionar de forma efectiva, el GECI necesita reformarse para obtener independencia financiera del Estado salvadoreño y respaldarse en la asistencia técnica de organismos internacional

a. Reformar las fuentes de financiamiento del GECI:con el objetivo de garantizar la independencia financiera del GECI, se ha identificado la necesidad de contar con fondos internacionales, para cubrir los gastos operativos y logísticos del Grupo. Desde su creación, el GECI recibió asistencia económica y técnica del Gobierno de Estados Unidos. Bajo la presente iniciativa, los costos mencionados deberían ser cubiertos, en su totalidad, por organismos internacionales que han demostrado interés en apoyar a El Salvador en la lucha contra la corrupción.

En ese sentido, los fiscales que colaboran en esta unidad deberán ser ciudadanos salvadoreños, trabajando bajo el marco institucional legalmente establecido para el funcionamiento de la FGR, en el cual el Fiscal General tiene la facultad de decidir sobre los casos que se presentan al sistema judicial. Estos fiscales, sin embargo, tendrán completa independencia económica de la FGR y deberán contar con asistencia técnica de la CICIES.

b. Robustecer los proceso de selección de los fiscales involucrados:la necesidad de crear una “burbuja de integridad” conformada por fiscales que sean sometidos a un proceso integral de escrutinio es evidente. Esto se puede lograr a través de un proceso de selección dirigido por el Fiscal General, acompañado del monitoreo constante de las Naciones Unidas. Este proceso debería tomar en cuenta las capacidades técnicas de los fiscales y también sus credenciales éticas. De hacer bien su trabajo, el GECI se encontrará frecuentemente ante personajes poderosos del contexto sociopolítico salvadoreño, que, como la historia ha demostrado, harán todo lo posible por blindarse antes las investigaciones de este Grupo. En ese sentido, es imprescindible contar con fiscales con un alto sentido de honestidad, integridad y compromiso. Consideramos que la forma más efectiva de evaluar estas características es a través de los antecedentes de cada persona.

El actual Fiscal Adjunto, por ejemplo, señalado de recibir sobornos de parte de un imputado de alto perfil, no debería pertenecer ni tener injerencia sobre las actividades del Grupo. Con ese fin, el Fiscal deberá tomar en cuenta las recomendaciones de las Naciones Unidas, que debería participar como observador y asesor en el proceso de selección.

c. Garantizar asistencia técnica de la CICIES: en un artículo de opinión publicado en septiembre de 2019 analizando las posibles funciones de una eventual CICIES, el investigador salvadoreño Wilson Sandoval advirtió que debiamos evitar conformarnos con una CICIES con las características de “una instancia pasiva que carece de intereses y propósitos.” Consideramos que la CICIES podría ejercer un rol relevante en la lucha contra la corrupción a través de una dinámica de trabajo coordinada con el nuevo GECI.

En ese sentido, la CICIES podrá participar en la investigación de aquellos casos que considere relevantes en el cumpliento de su mandato: la lucha contra la corrupción y la impunidad. Respuestos de nuestra constitución, la FGR sería la única autorizada para judicializar investigaciones. Sin embargo, la CICIES podrá participar de ellas y brindar recomendaciones estratégicas durante todo el proceso, desde el inicio de la investigación hasta una posible condena. Consideramos que el GECI y la CICIES no son incompatibles y que, al contrario, su colaboración será clave para robustecer la contribución de ambos en la lucha contra la corrupción.

2. El fortalecimiento de las instituciones que defienden transparencia

n sistema nacional anticorrupción, se vuelve fundamental cuando sus un pilares legales e institucionales son lo suficientemente robustos, por ende, es importante que estos contemplen:

a. Corte Suprema de Justicia: creación de tribunales especializados Anticorrupción

La corrupción puede ser un delito complejo y sofisticado, el sistema de justicia nacional no ha sido capaz de combatir la corrupción sistemática que afecta a casi todas las ramas del gobierno, central y municipal, encontrando obstáculos dentro del sistema judicial, como la saturación del sistema, falta de independencia, y hasta falta de pericia de los tribunales que deben resolver los procesos.

Es necesario que estas investigaciones sean judicializadas en tribunales que puedan actuar de manera eficiente, íntegra, independiente y técnica, para lo cual, una una pieza indispensable del engranaje anticorrupción sería la creación de tribunales especializados para el combate de la corrupción.

Estos tribunales deben ser creados de forma que se garantice su independencia, económica, técnica, y jerárquica, dotándolos de autonomía presupuestaria, de personal técnico capacitado para resolver de forma imparcial y técnica los procesos que se le presenten y, de una posición jerárquica dentro del sistema judicial donde se garantice un proceso libre y justo, en el que se dicte sentencia de forma eficaz.

b) Fiscalía General de la República: controles disciplinarios internos y acceso a información

La denuncia y tramitación de las faltas disciplinarias o administrativas cometidas por el personal de la FGR: Una de las principales herramientas para la “depuración interna” de la Fiscalía es la expulsión de los malos elementos que han obstaculizado históricamente la lucha contra la corrupción y la impunidad. La posibilidad de que los fiscales especializados denuncien ante el órgano interno de control, las faltas administrativas y disciplinarias cometidas por el personal de la Fiscalía es necesaria. Esto debe incluir el seguimiento correspondiente con el compromiso del Fiscal General de trasladar o remover al funcionario que haya incurrido en la falta disciplinaria o administrativa.

La garantía del acceso amplio a evidencia y a toda la información sobre investigaciones conexas: Se requiere acceso total a la información en poder de la Fiscalía por parte de los fiscales especiales. Esto es fundamental pues muchas veces casos aparentemente inconexos entre sí pueden estar relacionados o brindar información valiosa para comprender integralmente el fenómeno criminal, y elaborar una estrategia integral para combatirlo.

c) Tribunal de Ética Gubernamental: mayor margen de actuación y sanciones significativas: Es necesario prevenir la corrupción, pero es igualmente importante castigar a todos aquellos que manchan la función pública y burlan la confianza de los ciudadanos. El Tribunal de Ética Gubernamental podría tener un rol crucial en sentar importantes precedentes para funcionarios que han cometido actos contrarios a la ética. Para ello, las sanciones deben ir más allá de lo simbólico y ser medidas verdaderamente disuasivas, por ejemplo desbloqueando el techo de sanciones más arriba de los 40 salarios mínimos, e incluyendo la inhabilitación para cargos públicos.

3. El fortalecimiento del sistema de acceso a la información pública

Es clara la intención de despojar a la ciudadanía de las herramientas para ejercer control y verificar el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado. En el marco de la emergencia por el COVID-19, el Ejecutivo encabezó un esfuerzo por presentar el acceso a la información como algo que obstaculiza la gestión gubernamental, y no como un derecho de todas las personas.

Aunque en nuestras leyes ya se establece la información a la que debemos tener acceso y se dan lineamientos mínimos de transparencia para las instituciones públicas, también hay acciones del gobierno encaminadas a sustituir los mecanismos formales por publicaciones en redes sociales, que en ocasiones se eliminan, en las que la información no es verificable y con las que pretenden un control completo del debate público con lo que deciden “liberar”.

Se ha implementado un criterio discrecional para limitar el acceso a la información incluso de carácter oficioso, declarando como información reservada a los planes nacionales. No puede permitirse que se utilice la interpretación extensiva de nuestras leyes como una excusa para limitar los derechos de la ciudadanía.

Es urgente y necesario institucionalizar la rendición de cuentas, para que deje de manejarse de forma tendenciosa, conveniente y voluntaria. Debilitar y controlar a las instituciones de otros órganos del Estado y a las Oficinas de Información y Respuesta, es otra apuesta del Ejecutivo, y esto se ve reflejado al proponer reducciones significativas en el Presupuesto General del Estado en 2021 en estas áreas. Es fundamental que estas instituciones gocen de un presupuesto que les salvaguarde su autonomía política y operativa.

En este sentido, quienes desempeñan una labor de control y velan por garantizar el acceso a la información pública a la ciudadana, no deberían ser nombrados por personas que presiden instituciones públicas. Los oficiales de información no deben responder a los intereses de su titular, ni sus garantías laborales ni los resultados de su trabajo deben verse amenazadas por la falta de autonomía.

Defender nuestros mecanismos de contraloría ciudadana y el correcto funcionamiento de las instituciones que fiscalizan el quehacer público debe ser un compromiso colectivo. Para esto deben garantizarse los recursos económicos, legales y humanos, que nos protejan del abuso de poder y de la corrupción.

4. Garantizar mecanismos efectivos de participación ciudadana y promover el Gobierno Abierto

La participación de la ciudadanía es un elemento clave de la democracia y contribuye a la cohesión integral entre sectores de la sociedad civil, gubernamentales y políticos. Es importante, que en medio del actual contexto político, dividido y altamente politizado, se busque superar la fragmentación social, redireccionando un enorme esfuerzo colectivo y cargado de acciones políticas, capaz de evidenciar desde la participación ciudadana la responsabilidad de transparencia de los gobernantes y la función pública para con los ciudadanos.

En este sentido, la participación ciudadana debe ser el componente principal de cualquier iniciativa anticorrupción, como garantía de transparencia y contraloría, para que quienes abusan de lo público, entiendan y obedezcan que la rendición de cuentas no es una opción, sino un compromiso de constante responsabilidad ante la ciudadanía.

Observatorio Ciudadano Anticorrupción: Se hace notoria la necesidad de un espacio de consulta y monitoreo que integre a una diversidad de organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la contraloría ciudadana y a representantes de la Academia, debidamente acreditadas, para el establecimiento y aplicabilidad de acciones favorables al combate de la corrupción y tendientes a erradicar la impunidad en este tipo de casos.

Es además importante recalcar que El Salvador forma parte de la Alianza por un Gobierno Abierto (AGA) desde el año 2011, cuando se elaboraron cinco planes de acción co-creados con la sociedad civil, en los que se asumieron compromisos concretos para permitir una participación directa de la ciudadanía en la supervisión del gobierno. El período de ejecución del último plan elaborado finaliza en 2020, y hasta la fecha no hay indicios por parte del gobierno de retomar las 5 recomendaciones de AGA que nos permiten avanzar hacia una democracia más participativa.

Estas recomendaciones son: crear un mandato vinculante para promover la sostenibilidad de la pertenencia a AGA y el cumplimiento de los compromisos adquiridos; fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el foro de múltiples partes interesadas; sistematizar y redactar una metodología para el diseño de planes futuros; involucrar a las instituciones públicas más allá del poder Ejecutivo y asegurar financiamiento para el proceso de AGA en el Presupuesto General del Estado. Estos son puntos de partida necesarios para impulsar una mayor incidencia de la ciudadanía.

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Teniendo un mandato constitucional que lo impone, una realidad que lo exige y abundantes evidencias sobre el mal endémico que sufre nuestro país por la corrupción, se necesita un enfoque sistémico para enfrentar este mal de forma integral. Dada la naturaleza multidimensional de la corrupción, la experiencia nos indica que la mejor forma de combatirla es a través de un enfoque sistémico, a través de la articulación de la leyes, el Estado y la contraloría ciudadana.

Estos 4 ejes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Hay otros elementos que deben ser tomados en cuenta para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones involucradas, como procesos de elección de funcionarios de segundo grado idóneos e independientes, y una selección de funcionarios aptos para los cargos en todas las instituciones públicas, combatiendo el clientelismo y los conflictos de interés.

Es importante recalcar que la independencia de los medios de comunicación y la protección a la libertad de prensa y libertad de expresión también son fundamentales para ejercer una mejor fiscalización de los poderes públicos. El acoso y el ataque a los medios de comunicación independientes como medida para debilitar la controlaría ciudadana y las instituciones públicas son inaceptables en una democracia y deben ser combatidos.

Erradicar la corrupción requiere de voluntad y compromiso de todos los sectores sociales y políticos del país, porque sus consecuencias nos afectan a todos e impiden el desarrollo de El Salvador. Como Nuestro Tiempo pondremos esta iniciativa a revisión y escrutinio público con diversos grupos de la sociedad civil para incorporar y construir un instrumento basado en consensos amplios.

Nuestro objetivo es evitar que las experiencias de corrupción del pasado se sigan dando en el presente y en el futuro. No podemos esperar otros 5, 10 o 30 años para reclamar por los casos de corrupción actuales, es necesario comenzar ya a crear el país que merecemos. Está en nosotros decidir hasta cuándo dejaremos que la corrupción gobierne a El Salvador. Es tiempo de tomar las riendas de nuestro país, es Nuestro Tiempo.