Los efectos de la crisis climática son innegables, sobre todo en países como el nuestro con tanta vulnerabilidad ante los desastres naturales. Esto resulta de una situación geográfica expuesta, pero es sobre todo el resultado de una deficiente gestión de riesgos, la falta de planificación urbanística y el diseño estratégico de la gestión del territorio que han generado que nuestras ciudades y el país en general se haya vuelto más vulnerable.

No contamos con un equilibrio político, económico, social y sustentable que permita un abordaje integral a las problemáticas derivadas del cambio climático. Los nuevos tiempos demandan territorios, políticas económicas y un país que aborde de manera inteligente los cambios que la realidad demanda. Es además necesario impulsar el sector agrícola y elaborar un plan de recuperación, para incentivar al sector rural y garantizar la seguridad alimentaria de la población salvadoreña.

• Promover una Ley de Urbanización Sostenible para el desarrollo de ciudades con calidad de vida y funcionales acorde a las necesidades de cada territorio.
• Revisar la Ley de Áreas Protegidas y Especies en Peligro de Extinción para garantizar sanciones disuasorias, así como promover programas de educación y concientización a toda la ciudadanía sobre el respeto y cuido del medio ambiente, e incorporar al sector privado en iniciativas para promover su cumplimiento.
• Promover legislación para el desarrollo territorial con un enfoque de sustentabilidad, con el fin de que toda la población se beneficie de desarrollo económico y social de forma descentralizada, y que las personas que viven en el área rural no se vean en la necesidad de trasladarse a la ciudad en busca de mejores oportunidades para su familia.
• Generar políticas de Estado que busquen la inversión en fuentes de energía renovables con el fin de reducir el uso y dependencia de combustibles fósiles. Las municipalidades pueden tener un rol importante en la promoción y ejecución de estos proyectos, favoreciendo también la suscripción de asocios público-privados.
• Regular la movilidad urbana, incluyendo el transporte colectivo de pasajes y el transporte privado, favoreciendo mecanismos como el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible, adaptando la infraestructura vial y desarrollando campañas de respeto a los ciclistas.
• Promover que las empresas implementen sistemas de eficiencia energética y de uso responsable, consciente y de tratamiento del agua.
• Aprobar y regular la Ley de Agua, con un enfoque de derecho humano, hoy reflejado en la Constitución de la República. De igual forma, tomar en cuenta la recuperación de cuencas hídricas a través de proyectos encaminados a proteger estos ecosistemas para la mejora de captación de aguas lluvia para hacer un uso más eficiente de este recurso.