En Nuestro Tiempo, estamos convencidos de que la corrupción es un problema sistemático y estructural, que se manifiesta en prácticas antiéticas encubiertas y normalizadas en la sociedad. Combatirla debe ser el sello distintivo de nuestra forma de hacer política, en la que rompemos con las prácticas de impunidad y de protección de privilegios. Una política que buscará fortalecer a las instituciones vigilantes e incorporar un sistema de valores, controles efectivos, del quehacer público y que no respondan al gobierno de turno.

La opacidad en la ejecución del gasto público permite que la corrupción nos mantenga en el subdesarrollo: la población más vulnerable no tiene sus derechos garantizados y no existe un clima de inversión que promueva el crecimiento económico o la creación de más y mejores oportunidades de empleo. Velar por un gasto transparente, eficaz sin exceso de burocracia y eficiente es necesario.

Como Nuestro Tiempo, hemos presentado una serie de denuncias ante el Tribunal de Ética Gubernamental y el Instituto de Acceso a la Información Pública, en casos de supuesta corrupción en compras públicas. Nuestro compromiso es continuar las denuncias, pero también formular reformas, como las previstas en nuestro Sistema Nacional Anticorrupción, que permitan prevenir estos casos y desmontar las estructuras que siguen operando en impunidad para beneficiar a unos cuantos, en detrimento del bien común.

• Impulsar el fortalecimiento de la unidad especializada anticorrupción al interior de la Fiscalía General de la República (FGR), el GECI, garantizando su financiamiento independiente y robustos procesos de selección de los fiscales anticorrupción, con capacidad de trabajo conjunto y asistencia técnica de la CICIES. Se propondrá también analizar una reforma de ley a la CCIES que la dote de independencia y fortalezca su mandato y capacidad en la investigación de casos de corrupción, apoyando el rol de FGR.
• Proponer la creación de tribunales especializados anticorrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia, para facilitar la celeridad, imparcialidad y especialidad de estos procesos.
• Fortalecer la FGR a través de la instauración de controles disciplinarios internos por faltas disciplinarias o administrativas cometidas por el personal de la FGR y acceso a información en investigaciones conexas por parte de fiscales especiales.
• Presentar reformas a la Ley de Ética Gubernamental para dotar al Tribunal de Ética Gubernamental de mayor margen de actuación ante los incumplimientos de funcionarios, incluyendo sanciones significativas y la integración de conceptos más amplios en casos de nepotismo, conflicto de interés y otros.
• Garantizar mecanismos efectivos de participación ciudadana y promover el Gobierno Abierto, a través de la participación de organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía no organizada y organismos internacionales en un Observatorio Ciudadano Anticorrupción con capacidad de formular recomendaciones a todas las instituciones del Estado.
• Fortalecer el Instituto de Acceso a la Información Pública y su independencia dentro del Estado, garantizando que se mantenga como ente autónomo e independiente.
• Presentar reformas al Código Penal para incluir delitos relativos al incumplimiento de obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública y Ley de Ética Gubernamental.
• Transparentar y reformar los procesos de adquisición de bienes y servicios, monitoreados a través de mecanismos de rendición de cuentas, así como la realización de inversiones y obras de infraestructura, para evitar portillos de corrupción en la ejecución de fondos públicos. En este sentido, también se puede regular la compra de productos internacionales cuando se puede solventar con productos locales.
• Establecer un límite al presupuesto de publicidad en todas las carteras del Estado.
• Presentar una iniciativa de Ley de Protección a demandantes en casos de corrupción, liderada por FGR, para proteger e incluso otorgar beneficios a cambio de pruebas físicas.
• Proponer una reforma al Código Penal para la no prescripción de delitos de corrupción por parte de funcionarios públicos, los cuales deben ser considerados y tipificados como crímenes de lesa humanidad, recibiendo sanciones máximas por todas las vidas afectadas.
• Realizar una exhaustiva revisión y ratificación de tratados, acuerdos y convenios internacionales de transparencia y lucha contra la corrupción.
• Formular un Pacto Fiscal Multisectorial, que aborde los desafíos que tiene el Estado de aumentar sus ingresos y racionalizar sus gastos, valorando la calidad de los servicios que se ofrece a la población y la ejecución transparente de los fondos.
• Retomar la propuesta del anteproyecto de Ley de Ahorro y Austeridad, que garantizaría una reducción de más de $200 millones de las arcas del Estado.
• Impulsar la cultura de colaboración entre las instituciones FGR, CCR, IAIP y TEG para agilizar su actuar integral en los procesos de investigación, sanción, protección y otros, con transparencia y ética.
• Usar con diligencia los fondos públicos y no abusar de estos para compras superfluas y otras prebendas. Por ejemplo, no aceptar teléfonos celulares, ni seguro médico y de vida privado, ni viajar con recursos del Estado; rechazar los bonos de junio y diciembre entregados a los diputados, así como cualquier privilegio de los miembros de la Junta Directiva; y no aceptar más de dos de los cuatro o más PPI asignados a los funcionarios.
• Acompañar una política salarial que congele incrementos salariales y nuevas contrataciones en instituciones del Estado por un periodo de 3 años, a excepción de nuevas contrataciones en los ramos de Educación, Salud y Seguridad. Además, ante la situación fiscal, se propone suspender por un periodo moratorio de al menos 5 años los seguros privados de salud en todas las instituciones del Estado.
• Transparentar las compensaciones salariales de todos los funcionarios del Estado a través de la Ley de Salarios, evitando sobresueldos y mecanismos similares.